Teoría y práctica de la representación política

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2021-11-11
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Fernández Cañueto, DanielFernández Cañueto, Daniel - ORCID ID
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A mediados de 2012, España tenía un nuevo licenciado en Derecho cuya preocupación social y política era coincidente con la desazón que sentía la mayoría de su propia generación “milenial”. Esa intranquilidad era producto de estar viviendo una época en la que las costuras del sistema que le había visto crecer parecían romperse en lo económico y debilitarse en lo democrático. Una inquietud colectiva que, vistos los acontecimientos de aquellos años, no era para nada de extrañar. En la memoria reciente de quienes habíamos nacido ya en democracia aparecían concatenados sucesos de gran calado como el inicio de una crisis financiera global que mutó en recesión mundial (2007-2009), la Audiencia Nacional denunciando ante la fiscalía la existencia de una caja B en el Partido Popular (2009), el Tribunal Constitucional fallando en contra de una parte del Estatut de Autonomía de Cataluña aprobado primero por las Cortes y luego en referéndum por los ciudadanos de Cataluña (STC 31/2010), el Parlamento nacional reformando por la vía rápida el artículo 135 de la Constitución para aplacar a los mercados incluyendo en su seno el principio de estabilidad presupuestaria (2011), el Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero pidiendo un rescate a Europa por valor de 100.000 millones (2011), el movimiento de los indignados bloqueando el acceso de los diputados al parlamento de Cataluña (2011) y tomando las calles de toda España (2012), al Presidente de la Generalitat de Cataluña (Artur Mas) convocando unas elecciones en clave plebiscitaria independentista (2012), al 15-M rodeando el Congreso de los Diputados para evitar que se desarrollara la sesión prevista (2012), a la justicia iniciando un macro proceso por los ERE en Andalucía (2012) y, por último, al recién electo presidente del Gobierno (Mariano Rajoy) rompiendo las promesas electorales realizadas un mes antes sobre educación, sanidad y pensiones mientras presentaba un ajuste presupuestario de 65.000 millones de euros para los dos años siguientes (2012).
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Journal or Serie
Nuevos horizontes del derecho constitucional, 2021, núm. 1, p. 5-25