El principio de gratuidad viene figurando tradicionalmente entre los principios informadores de nuestro procedimiento administrativo. Sin embargo, es sabido que tal gratuidad sólo se concibe con un carácter relativo habida cuenta de que son muchos los gastos generados durante la tramitación del expediente administrativo que acaban sufragando los interesados. La mejor prueba de ello la encontramos en las tasas que gravan una parte muy sustancial de los procedimientos administrativos de contenido favorable. Pero existen también otros apartados generadores de coste para los interesados que a menudo se pasan por alto y que también deben ser tomados en consideración. La conclusión a la que lleva la contemplación del escenario actual no es otra que la necesidad de repensar el valor y la función tan relevante que la gratuidad ha de jugar en la estructuración del procedimiento administrativo tanto en lo que concierne a los derechos de defensa como en lo que afecta a las exigencias de sencillez y simplificación administrativas.