El mandato constitucional de tutela de la salud pública obliga a los poderes públicos a articular mecanis-mos para proteger a la población ante enfermedades contagiosas. La puesta en práctica de tal obligaciónexige un marco normativo que cumpla con la finalidad de protección de la salud colectiva de forma eficaz,pero que, a la vez, respete los derechos y libertades individuales de los sujetos que puedan verse afectadospor la actuación de las Administraciones públicas. En este artículo se analiza, desde la perspectiva jurídica,la normativa actual que regula la adopción de medidas sanitarias para proteger la salud pública frente aenfermedades contagiosas. Del análisis se deriva que dicho marco normativo genera inseguridad jurídicaal otorgar un amplio margen de discrecionalidad a favor de la Administración y regular mínimamentecualquier tipo de cautela. Todo ello se traduce en el debilitamiento de los mecanismos de garantía de losderechos y libertades de los ciudadanos, principalmente concentrados en la autorización o ratificaciónjudicial de las medidas. Ante ello, a modo de conclusión, se articulan distintas propuestas de reforma dela normativa para la mejora de la regulación estudiada con el fin de que, mediante un marco regulatorioque ofrezca mayor seguridad jurídica, sea posible garantizar la legalidad de la afectación de los derechosy libertades de la ciudadanía sin mermar la eficaz protección de la salud pública.