Durante el proceso constituyente gaditano la tradición constitucional medieval se erigió en un extraordinario recurso para legitimar el inmovilismo absolutista o, por el contrario, para validar la tarea legislativa de signo liberal, ya que la cultura constitucional de 1812 fue, además de católica, profundamente historicista. En buena medida porque en las continuas apelaciones de los diputados catalanes más destacados —de hecho, Capmany, Aner, Espiga, Dou y Creus fueron los únicos que se manifestaron al respecto de una manera significativa— a la historia de la Corona de Aragón, a la antigua constitución de la monarquía española y a las leyes fundamentales castellanas cabían tanto las propuestas serviles como las reformistas.