Así se comprueba en los distintos documentos e instrumentos normativos analizados en el presente trabajo, especialmente en la Directiva 2012/29/UE. Dichas acciones se enfrentan a diversos retos, siendo dos de ellos la formulación de reglas mínimas comunes que han de regir las formalidades a las que se ha de adecuar la exploración de menores víctimas o testigos de hechos delictivos y el valor que cabe atribuir a sus declaraciones obtenidas en una fase previa al juicio. El método que se considera correcto para afrontar y superar esos retos consiste en situar en un plano de igualdad los derechos de la defensa y los derechos fundamentales del menor a la dignidad y a la integridad física y psíquica.