En la Cataluña bajomedieval la pena de muerte ocupa un lugar axial, porque la posesión de la plena capacidad jurisdiccional se demuestra ostentando horcas; las vías de consolidación del poder regio incorporan esta pena; las ordenanzas municipales la integran en su discurso de orden social; la población asume su carácter represor como fórmula para garantizar un orden cada vez más enrarecido; las modalidades de su aplicación gradúan la perversidad de quienes deben de ser extirpados del tejido social; y, en definitiva, se erige como recurso utilizado de modo creciente como instrumento de un específico orden social y político.