España no ha mantenido tradicionalmente una política clara en materia de prostitución. Se trata de una actividad cuyo ejercicio no está regulado, pero que tampoco había sido prohibido, salvo cuando implicaba a menores de edad o a adultos que la ejercían de manera forzada. Sin embargo, en los últimos años se está produciendo un claro viraje hacia la criminalización de las conductas relacionadas con la prostitución voluntaria. Los ayuntamientos de varias ciudades españolas han prohibido el ejercicio del trabajo sexual en las calles, multando a trabajadores sexuales y clientes. Esta política se ha implementado, entre otras ciudades, en Lleida (Cataluña). Con el objeto de conocer qué efectos ha tenido la sanción de estas conductas en el desarrollo del trabajo sexual, se ha realizado en esta ciudad un estudio, encuestando a 79 trabajadoras sexuales extranjeras y entrevistando en profundidad a 20 de ellas, cuyos resultados se exponen aquí.